MIRANDO DE FRENTE. EL PROBLEMA DE LA DELINCUENCIA (II)

Cada vez que los medios de comunicación nos informan de hechos delictivos, surge la sensación de alarma en la población y pronto dicha alarma quiere ser amenguada con propuestas que encierran soluciones meramente emotivas. En los últimos días de la semana pasada ya se comenzó a hablar de la reapertura de la isla del "Fronton" y de lo que fuera el centro penitenciario agrícola "El Sepa".
En el transcurso del tiempo esa ha sido la manera cómo las autoridades encaran el asunto de la delincuencia en el Perú: falta de seriedad absoluta.
Cada "nueva" propuesta incrementa la confusión. La ciudadanía no se da cuenta que ellas, muy por el contrario, encierran un peligro. Basta analizar sus contenidos.
(N.E. 23/08/11: Con fecha 23 de agosto, se publica en el diario Perú 21, una nota respecto de la CONASEC -Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana- cuestionando los resultados de sus funciones:Leer .
También resulta interesante la lectura del Informe Anual 2010 - Sobre Seguridad Ciudadana - Instituto de Defensa Legal - Set 2010: Leer).

Legalidad y garantía en la persecución del delito.

Hace poco todos los peruanos  asistimos a un nuevo proceso electoral. El principal problema sigue siendo el voto impulsivo, emotivo. Conocedores de esta inclinación los candidatos al congreso y, sobre todo, a la presidencia de la república aprovecharon para lanzar propuestas y promesas a discreción y sin sentido.

En cuanto al tema que nos convoca (la delincuencia), lo dicho anteriormente, devino en el primer paso para perder la perspectiva respecto de lo que  debemos de hacer en los siguientes años.

La seguridad ciudadana, como se le denominó al problema, estuvo presente como tema de campaña de algunos candidatos a la presidencia. Dentro de sus planteamientos rudimentarios para encarar el problema ofrecieron: reorganizar y modernizar el Poder Judicial; dictar normas penales severas que impliquen penas con más años de cárcel o de cadena perpetua y pena de muerte, etc. Finalmente, la discusión desembocó en otros problemas como la municipalización de la policía, compra de vehículos y equipos, etc. Algunos sólo prometieron darles con palo a los delincuentes. 

Y todo esto se ofreció sin que nadie les saliera al frente para aclararles las ideas. Incluso, hoy mismo, los colegios de abogados y especialistas en la materia han guardado silencio permitiendo con ello que impere la confusión.

Nostros revisaremos un par de conceptos jurídicos para que Usted, amigo lector, pueda finalmente darse cuenta si aquí, en el Perú, se tiene o no  una verdadera idea de lo que se dice.

Por si Usted no recuerda, o no está informado, le digo que el Poder Judicial es un órgano del Estado autónomo de otros poderes, como el Ejecutivo y Legislativo. Esto significa que ofrecer una reforma o modernización del Poder Judicial es ofrecer algo que no corresponde constitucionalmente, salvo que con ello se nos esté anunciado un golpe de Estado (en este caso de Poder a Poder) o que se esté manifestando ignorancia de  cómo funciona éste.

Si Usted revisa  la Constitución, artículo 144°, comprobará que el Poder Judicial tiene un Presidente, denominado Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República que es quien manda; él no está sometido funcionalmente a nadie. Otra cosa es que esté sometido al control constitucional como lo están sometidos los otros presidentes de los otros poderes del Estado y de los otros órganos constitucionales. Y, desde el momento que el Poder Judicial es autónomo, los Jueces que lo conforman también son autónomos, sujetos solo a la Leyes que están vigentes en el Perú.

Toda reforma del Poder Judicial corresponde ser acordada por su presidente y a un órgano llamado Sala Plena de la Corte Suprema (órgano también del Poder Judicial).

Por tanto, si alguien promete reorganizar y modernizar el Poder Judicial desde el Ejecutivo, solo nos está meciendo o demostrando ignorancia, además de olvidar que -como lo mencionamos en el artículo anterior- la función del Poder Judicial sólo se limita a la represión del delito a través de la imposición de las penas y no a su prevención que es lo que realmente hace falta y que debería encarar el Poder Ejecutivo.

Lo que, desde la presidencia de la república se puede hacer es colaborar con los órganos e instituciones del Estado que tienen a su cargo la persecución y sanción del delito a efectos de llevar a cabo un profundo estudio de la situación social y de los focos problemáticos que lo generan para así anticiparse a su comisión.

Todo intento de imponer criterios de decisión al Poder Judicial por parte de cualquier otro poder u órgano estatal es simplemente una violación a la Constitución y un atentado contra la garantía que impide que el órgano de impartición de justicia sea utilizado para propósitos de represión política, como ya hemos tenido experiencia real en el pasado (con el pretexto de reformarlo y modernizarlo, el Poder Judicial fue manejado políticamente).

En cuanto al ofrecimiento de dictar leyes que impongan penas severas a los delincuentes, se ignora que, de acuerdo con la Constitución, la función de legislar en materia de Derecho Penal no corresponde al Ejecutivo sino al Poder Legislativo.

Existe, en garantía de su libertad, amigo lector, una regla que establece que las normas penales no deben ser dictadas por el Poder Ejecutivo a fin de impedir que las utilice como arma de persecución, de represión política. La regla en mención, denominada Principio de Legalidad, propugna que la tarea de legislar y aplicar la ley en materia penal sea un asunto exclusivamente del Legislativo y el Judicial, respectivamente. El Ejecutivo debe mantenerse al margen.

La situación anómala, en la que el Poder Ejecutivo se encarga de la legislación en materia penal, a la larga trae consecuencias funestas, como sucedió en el caso del terrorismo, que luego de todos sus crímenes presentó a sus integrantes ante la comunidad internacional como víctimas de una guerra sucia materializada en normas violadoras de los Derechos Humanos tales como la de los jueces sin rostro; los procesos sumariales; las medidas carcelarias severas, etc. que fueron dadas por el Ejecutivo en los 90’s y cuestionadas por tribunales internacionales.

La función que corresponde al Poder Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia, según la Constitución, es otra y está dada a través de la Policía Nacional del Perú (que forma parte del sector Interior) y a través del Instituto Nacional Penitenciario - INPE (que forma parte del sector Justicia).

El Poder Legislativo, es el espacio en donde se agrupan los representantes del pueblo y quienes (al menos en el papel) son los que garantizan las libertades mediante las leyes que aprueban, frenando cualquier exceso que quiera cometer o esté tentado de cometer el Poder Ejecutivo.

Usted elige a los representantes al Congreso o Legislativo a efectos que sean ellos los que legislan en todo aquello que implica una necesidad para el pueblo y, además para que fiscalice y controle el trabajo del Ejecutivo.

Cuando Usted, a través de los medios de comunicación, se entere que el Presidente de la República ha solicitado al Legislativo autorización para dictar normas vía Decretos Legislativos, preocúpese, puesto que eso siempre es una trampa por medio de la cual el Ejecutivo asume funciones que no le corresponden.

En esos casos, al interior del Ejecutivo, se forman comisiones integradas por personas cuya identidad casi nunca se conocen (además que Usted nunca voto por ellos), o en todo caso, cuyo trabajo jamás es fiscalizado, controlado; lo que sí puede hacerse respecto de un congresista. Las personas de esas comisiones son las que se encargan de dictar normas aplicando criterios que muchas veces no son puestos a conocimiento de la ciudadanía.

En el gobierno de Fujimori, la mayoría de normas en el ámbito penal fueron dadas vía Decretos Legislativos. Este hecho implicó una renuncia de sus funciones por parte del Legislativo de aquel entonces, lo que unido a la captura que se hizo del Poder Judicial generó la historia que todos conocemos.

El Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno cumple una función y eso garantiza nuestras libertades. Esa distribución del trabajo posibilita que las cosas se hagan como deben de hacerse y no de manera desordenada y mediocre.

Desde el momento que en las elecciones se promete hacer lo que no corresponde por mandato constitucional, todo aquello que se haga durante un período gubernamental está destinado al fracaso.

Lo primero que debemos hacer para enfrentar un problema tan grave como es la delincuencia, a fin de evitar salidas emotivas, meramente reactivas, es ordenar las ideas, hablar con la verdad, lo que posibilitará, además, que los ciudadanos tomen conciencia de cómo funciona o deben funcionar las cosas y efectúen un verdadero control de lo que se está haciendo.

Esto es mirar los problemas de frente y no de reojo.

Max Marruffo S.